Los ocupantes del edificio de Saedu, ubicado en Guaraní y Piedras, recibieron una notificación por parte del Poder Judicial acerca de los riesgos que corren en caso de permanecer en el lugar luego del incendio ocurrido el pasado martes.

Dos días después del incendio que afectó al edificio, y que fue provisoriamente evacuado, todavía hay olor a humo, mezclado con orín y mugre. Bolsas de basura, botellas de plástico y trozos de pan flotan sobre el subsuelo cubierto de agua. Hay hollín en las paredes y cables eléctricos cuelgan a lo largo de los pasillos.



En medio de este panorama, todavía hay tres familias, integradas por casi una veintena de personas, ocupando el lugar.

Aída tiene 50 años de edad y hace cuatro que ocupa una pieza en el ex edificio de Saedu (Sindicato Autónomo de Estibadores de Ultramar).

"Nos vinimos para acá hace cuatro años. Me acuerdo que fue un 13 de junio", contó Aída.

Durante varios años, la mujer y su familia alquilaron una vivienda en el barrio, aunque no quiso decir donde, y pagaba una mensualidad de $ 4.000.


"Un día se empezó a romper el piso de mi cuarto. Consulté en el centro comunal, vino un inspector, dijo que el lugar no era habitable y que no pagara un peso más de alquiler hasta que no lo arreglaran ", señaló.

Tres meses después, la mujer y su familia fueron desalojadas de la vivienda. "Pasamos una de las peores noches de nuestras vidas", señaló Aída.

Sin embargo, esa misma noche, alguien le pasó el pique acerca de un hombre que vendía una habitación que ocupaba en el edificio de Saedu.

Enseguida fueron al lugar y hablaron con el hombre quien le ofreció la pieza a cambio de $ 12.000. "Salí a pedirle plata a mi hermano y a una de mis hijas, que también me ayudó. Junté $ 6.000 y le pagué la mitad esa noche. Al otro día saqué un préstamo y le pagué el resto", dijo Aída.

La mujer vive actualmente en una pieza que da a los fondos del edificio con su esposo, cuatro de sus hijos y dos nietos. Los ocho integrantes de esta familia, duermen en dos camas, una de una plaza y otra de dos. "Tenemos otro cuarto, pero nos quedó inhabitable por el olor a humo que hay", dijo.

La familia no duda en señalar que el incendio del pasado martes fue intencional. "Acá entra cualquiera", dicen.

Tanto Aída, como su vecina, que vive en el edificio con sus tres hijos, niegan que allí haya bocas de venta de drogas.

"Este lugar lo usan como aguantadero. Tanto los chorros que se escapan de la policía, como los faloperos que suben a la azotea a fumar pasta base", cuentan.

"Acá igual te entran con los fierros en la mano, pero nosotros cerramos la reja y nos quedamos adentro. No nos metemos", sostuvo

El edificio se fue despoblando con los años. Aída recuerda que cuando llegó al lugar "estaba repleto de gente que se fue yendo con el tiempo".

La mujer señala que en el lugar se pasa frío y muchas veces hambre. "Yo no puedo salir a trabajar porque tengo dos nietos a cargo, por orden del INAU. Nos revolvemos para comer y para que no le falte comida a los gurises", señaló en referencia a sus cuatro hijos, tres de ellos menores, y dos nietos. La mujer contó que muchas veces piden comida en la Armada donde les dan viandas.

Tras el incendio que se desató el pasado martes, la preocupación de los ocupantes del edificio aumentó.

El miércoles de tarde recibieron una notificiación por parte del Poder Judicial donde se indicaba que el lugar "no está en condiciones de ser habitado", señalando que hay "peligro de electrocución y perdidas de agua en paredes y piso", además de un "alto riesgo de contaminación".

"Nosotros sabemos que el edificio se vendió. También nos prometieron una solución para nosotros, cuando los nuevos dueños vengan a hacer uso del edificio", señaló. Sin embargo, desde ámbitos municipales no se prometió ningun tipo de ayuda. (Ver nota a parte)

"Se nos vienen fríos polares. ¿Dónde quieren que vayamos?", se preguntó Aída sobre el inminente desalojo del lugar.

"El realojo no es una solución al problema de las ocupaciones", dijo el alcalde Varela
El alcalde del Municipio B, Carlos Varela, señaló a El País que "no hay realojo planificado", para los ocupantes del edifico de Saedu.

"El edificio es una propiedad privada. Si existe un acuerdo entre los compradores del lugar y los ocupantes, bienvenido sea, pero no hay ningún tipo de realojo por parte del municipio", dijo.

"Estamos trabajando en terminar con la ocupación en varios edificios del municipio, como el ex hotel Casino", señaló Varela.

El alcalde negó que la política del gobierno municipal sea la de realojar a las familias que ocupan edificios. "Esa no es la solución al problema", señaló Varela. "Una persona que ocupa lo hace porque difícilmente pueda pagar una vivienda", agregó.

Para este tipo de situaciones, la política estatal "implica refugios, pensiones sociales y si tiene empleo, subsidio de alquileres, pero no realojos".

"Si hay un acuerdo entre las partes, bienvenido sea. Nosotros, obviamente no nos vamos a oponer a esto", recalcó Varela.


Vecinos de la Ciudad Vieja señalan que Saedu no es el único lugar problemático de la zona. Un edificio, sito en Juan Carlos Gómez y Cerrito es sindicado como el lugar de mayor conflictividad, ya que ahí funcionan varias bocas de pasta base. Además, otros edificios ocupados funcionan como aguantadero de mercadería de contrabando.