El gobierno de Cristina Fernández sostiene que la "interrupción unilateral" en la negociación constituye "una nueva violación por parte de Uruguay y sus obligaciones que emanan del estatuto del río Uruguay".

El gobierno de Cristina Fernández envió una nota a la embajada de Uruguay en Argentina reclamando que "de inmediato" se "deje sin efecto" la autorización para aumentar el volumen de producción máxima anual de la planta de UPM ya que de lo contrario se recurrirá a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

En la nota el gobierno argentino solicita que se "produzca la información complementaria pendiente, solicitada reiteradamente por la Delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), y se atenga al procedimiento de información y consulta previas previsto" en el estatuto del río Uruguay.

De lo contrario, agrega, "la Argentina considerará que la controversia que ha surgido no puede resolverse por la vía de negociaciones y se verá obligada a poner en marcha el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia previsto en el artículo 60 del Estatuto del Río Uruguay".

El gobierno de Fernández "lamenta que el gobierno uruguayo a pesar de los requerimientos formulados a diferentes niveles y hasta muy recientemente haya adoptado esta medida" y agrega que "esta interrupción unilateral constituye una nueva violación por parte de Uruguay y sus obligaciones que emanan del estatuto del río Uruguay y que la Corte Internacional de Justicia tuvo oportunidad de precisar en su fallo del 20 de abril de 2010".