Un grupo de 3.586 funcionarios judiciales y actuarios presentará, el jueves, una demanda por US$ 56 millones contra el Poder Judicial, en reclamo de una supuesta deuda laboral producto de aumentos salariales impagos a partir de 2011.

En la ley de Presupuesto aprobada en 2011, el Poder Ejecutivo tuvo la intención de mejorar las remuneraciones de los ministros del gabinete e incluyó un artículo que equiparó los salarios de los secretarios de Estado a los de los legisladores.

La redacción dada a la norma dejó abierta la posibilidad de que el aumento salarial (26%) también incluyera a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral.

En el Poder Judicial, por ley, los jueces deben ganar un porcentaje del salario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Lo mismo ocurre con los funcionarios administrativos y profesionales que no tienen la calidad de magistrado, que están "enganchados" al sueldo de los integrantes del máximo órgano judicial.

Para evitar reclamos salariales, el Poder Legislativo aprobó una ley interpretativa en la que estableció que los aumentos regían solamente para los ministros del Poder Ejecutivo. Sin embargo, esa norma fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, lo que abrió la puerta a que jueces y ministros del Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral presentaran reclamos.

En ese marco, un grupo de 3.586 funcionarios administrativos y actuarios del Poder Judicial presentarán esta semana un juicio por US$ 56 millones por aumentos salariales impagos desde abril de 2011. El monto surge de los intereses y reajustes que rigen en cada caso desde esa fecha hasta la actualidad, dijo el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), Raúl Vázquez.

El próximo miércoles tendrá lugar la instancia conciliatoria entre los reclamantes y la Suprema Corte de Justicia, y como se da por hecho que no habrá acuerdo, al día siguiente se presentará la demanda.

En marzo, la AFJU mantuvo instancias de negociación con el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, con la intención de encontrar un posible acuerdo extrajudicial con el gobierno. Sin embargo, la negociación no llegó a buen puerto y por ese motivo el sindicato decidió promover el reclamo a nivel judicial.

En caso de que la Suprema Corte de Justicia sea condenada a pagar el reclamo salarial planteado por los funcionarios, el monto no será cubierto por el presupuesto del Poder Judicial, sino que será el Ministerio de Economía (a través de Rentas Generales) el que deberá hacer frente a la erogación.

La Asociación de Magistrados del Uruguay también está en proceso de reclamo por el "desenganche" salarial desde abril de 2011. La gremial, que nuclea casi a la totalidad de los jueces del país, promovió en 2012 una acción de inconstitucionalidad contra la norma interpretativa de la ley de Presupuesto que los excluyó del incremento salarial inicialmente establecido en el texto legal.